El CERMI ha podido compartir sus peticiones de agenda con representantes del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez y Javi López, así como personas expertas del mundo académico y de entidades de la sociedad civil.

 

La lucha contra el cambio climático se debe pensar en clave social, de salud y de inclusión hacia la discapacidad, teniendo presente factores como la pobreza y vulnerabilidad energética en los hogares; las mermas en el acceso a agua potable, energía e incluso a una vivienda con condiciones de salubridad y accesibilidad; las mayores dificultades de los migrantes climáticos; la contaminación del aire; la inseguridad provocada por las catástrofes naturales, que amenaza especialmente a mujeres y niñas con discapacidad; el alto coste de los productos ecológicos; las tasas elevadas de enfermedad, lesiones y muerte entre las personas con discapacidad durante las situaciones de alerta climática.

 

Una transición justa, con su enfoque inherente a la inclusión social y la erradicación de la pobreza, representa una oportunidad única para crear un futuro para todas las personas. Para ello es esencial incorporar el diseño y la accesibilidad universal en todas las actuaciones, contribuir a la creación de trabajo digno y empleos verdes, incorporar la inclusión y la accesibilidad a todas las acciones políticas y de toma de conciencia relativas a la emergencia climática a través de alianzas colaborativas; afrontar las causas del desarraigo que devastan el medio rural.

 

El movimiento social de la discapacidad quiere ser parte activa que contribuya a hacer las paces con el entorno. Las personas con discapacidad no somos ajenas a las consecuencias producidas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático, y desean y deben participar activamente en una lucha de toda la sociedad hacia un entorno más sostenible. El paso a una economía climáticamente neutra también es responsabilidad de las personas con discapacidad y a sus familias.